Un grupo de quince accionistas béticos han presentado ante el
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla alegaciones para que el concurso de acreedores del Betis sea calificado culpable por parte de los
administradores concursales o el
Ministerio Fiscal, que tendrán que dar su opinión al respecto en los pasos siguientes.
En un escrito de 129 páginas, muy completo y bien trabajado, se detallan los hechos que han motivado, en opinión de estos accionistas, la culpabilidad del concurso por la agravación de la insolvencia por intención voluntaria, lo que repercute en la gestión de los dos años anteriores a la declaración del mismo, es decir, desde el 14 de enero de 2009 a la misma fecha de 2011.
Como informa alfinaldelapalmera.com, en el texto remitido al juzgado hay que hacer una doble distinción:la etapa de Lopera, en la que se señala una gestión errática de incremento de gastos de personal y descenso de ingresos, así como malos balances anuales, antes del descenso, y la irresponsabilidad en el mantenimiento de jugadores y salarios inasumibles en Segunda; y la de Oliver, con la contratación de empresas vacías de contenido o que hicieron trabajos que no le correspondía pagar al club, así como los contratos de renovación de futbolistas que se cerraron pocos días antes de la llegada del nuevo consejo.
Todo ello deja como conclusiones unas solicitudes llamativas:el resarcimiento de 19,9 millones de euros por parte de Lopera al club por el perjuicio causado y de 4,6 en el caso de Oliver. Además, se piden inhabilitaciones para ejercer cargos de responsabilidad en el club de entre dos y quince años para éstos y muchos de sus colaboradores: José León, Manuel Castaño, Ángel Vergara y Jaime Rodríguez-Sacristán.
Este escrito, al que ha tenido acceso ABC, no es el único que se ha presentado, ya que la Asociación Por Nuestro Betis también ha dado su opinión al respecto, encaminada en el mismo sentido. Los administradores concursales son los que ahora tienen que emitir su informe en un plazo cercano en el que señalarán si el concurso es fortuito o culpable, pudiendo atender o no a las alegaciones presentadas por estos accionistas béticos. Posteriormente será el turno del Ministerio Fiscal, quien puede estar de acuerdo o no con los concursales. Si alguna de estas dos opiniones (que ya serían calificadas como demanda) apunta hacia la culpabilidad, el juez de lo Mercantil debe abrir un incidente concursal y dar traslado a todos los implicados para que respondan y se celebre una vista no antes de tres meses.
En las alegaciones se recogen dos precedentes de otros clubes que pueden asociarse a lo sucedido en la gestión del Betis en el tiempo al que se refiere esta actuación. Y es que se señala al concurso de la Real Sociedad cuando tras descender a Segunda no tuvo una buena adecuación del gasto a la nueva realidad y por ello fue declarado culpable por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. También a las conductas irregulares de los gestores del Alavés, recogidas en una sentencia de abril de 2012 por la que se llevó aparejada la calificación de culpable del concurso por «pagar con fondos del club su estancia en un hotel de cinco estrellas de la capital vitoriana y dirigir dinero del Alavés a otros negocios particulares de los consejeros», algo que se asocia a los gastos que ocasionaron Oliver y sus directivos con frecuencia en 2010.
Muchas de las situaciones que se detallan en estas alegaciones están ya presentes en otros casos que se llevan en diferentes juzgados, pero se considera que se está «ante ámbitos de responsabilidad distintos y de la protección de bienes jurídicos diferentes». En concreto se encuentran en las diligencias previas del 17 de febrero de 2011 que podrían constituir un delito de apropiación indebida o delito societario, algunas de ellas vinculadas a consejeros como Ángel Vergara y Luis Oliver, afectados también por la calificación;y la acción social de responsabilidad formulada por el Betis contra cinco consejeros «por la realización de actos lesivos para la entidad incumpliendo deberes inherentes a su cargo».
Todo ello se une a la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario continuado y ralentizada por la baja laboral de Mercedes Alaya, la demanda civil ya estimada para solicitar la nulidad del 31,28 por ciento de las acciones deFarusa y el embargo de las participaciones de esta sociedad controlada por Lopera por parte del Benfica a causa de los impagos de varios plazos del traspaso de Nelson, que está avalado por el exconsejero delegado bético.
Las dudas de los concursales
Pocas declaraciones han hecho los administradores concursales (Francisco Tato, Antonio González y Gerardo Narbona)sobre la calificación. Sí opinaron al respecto a finales de mayo de 2012, tras la aprobación del convenio, y expresaron unas dudas que pueden dar pistas sobre el informe que tienen que elevar. «Es un tema complejo, puesto que la gente puede tener preconcebido un escenario que legalmente quizás no tenga un reflejo fácil. La Ley Concursal marca unos parámetros muy definidos. En ese escenario no puedes ser creativo; te tienes que atener a las causas de la Ley», afirmaban antes de apuntar a que «no vemos muy fácil» que se declare a Lopera u Oliver culpables, alegando que «si hubieran estado durante el concurso, podríamos haber tenido otros motivos. Y viendo cómo está el sector, esto no es aislado. Hay menos clubes que no están en concurso que los que están».
